03 Jun La guerra en evolución contra los cárteles mexicanos: liderazgo, participación gubernamental e implicaciones internacionales
Por,
Jose Adan Gutierrez, Senior Fellow, MSI²
I. Introducción: La guerra contra los poderosos cárteles de la droga mexicanos entró en una nueva fase volátil en 2025. Con la designación de los principales cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés) por parte de la Administración Trump, las tensiones bilaterales se han agudizado y los enfoques tácticos han cambiado (Oficina de Prensa de la Casa Blanca, 2025).
Sin embargo, tras los cambios de política y la terminología militar se esconde una realidad desgarradora: decenas de miles de vidas se pierden o se destruyen cada año. Este análisis explora el estado actual del conflicto, el liderazgo de los cárteles, la presunta colusión política, las respuestas internacionales y, fundamentalmente, el devastador costo humano para la ciudadanía tanto de México como de Estados Unidos.
II. Estado actual de la guerra contra los cárteles
México sigue siendo uno de los países más mortíferos que no están oficialmente en guerra (Human Rights Watch, 2024). Regiones enteras han caído bajo el control de facto de los cárteles, donde las familias viven con miedo, la extorsión está normalizada y las desapariciones son rutinarias. El reciente descubrimiento de una fosa común en Colima vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que contiene los restos de 42 personas, subraya la magnitud de esta tragedia (Financial Times, 2025).
En Estados Unidos, los efectos de la guerra son igualmente graves. Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA (2025), más de 110,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas el año pasado, muchas de ellas relacionadas con el fentanilo y las metanfetaminas traficadas por los cárteles mexicanos.
III. Liderazgo de los principales cárteles
Cártel de Sinaloa. Tras la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el poder pasó a sus hijos, en particular a Ovidio Guzmán López, conocidos colectivamente como “Los Chapitos” (The New York Times, 2024). El grupo ahora controla vastas redes de tráfico, operaciones de extorsión y proyectos de minería ilegal. La indignación pública aumentó después de que 17 familiares de Ovidio obtuvieran acceso a Estados Unidos en virtud de un acuerdo secreto de inteligencia (CBS News, 2025).
CJNG. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el CJNG ha perpetrado asesinatos masivos y mutilaciones públicas para intimidar a las comunidades (Insight Crime, 2025).
Cártel del Noreste. Operando principalmente en Tamaulipas y Nuevo León, el CDN utiliza el miedo y el reclutamiento forzado, dejando a la población civil bajo asedio tanto de los cárteles como de las autoridades locales cómplices (Insight Crime, 2025).
IV. Colusión y miedo entre gobiernos
Las acusaciones de colusión entre cárteles y gobiernos son de larga data. Una investigación de ProPublica de 2024 reveló que narcotraficantes podrían haber canalizado millones a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 (ProPublica, 2024). Aunque no se han probado legalmente, las implicaciones erosionan la confianza pública y refuerzan la percepción de impunidad institucional.
La policía municipal se enfrenta a una presión letal. Más de 400 agentes fueron asesinados en todo México tan solo en 2024 (Los Angeles Times, 2024), un síntoma de la corrupción endémica y la brutal realidad del incumplimiento.
V. Impacto de la designación de cárteles como organizaciones terroristas por parte de EE. UU.
La designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de la Administración Trump en 2025 (Oficina de Prensa de la Casa Blanca, 2025) permitió a EE. UU. utilizar herramientas más amplias: sanciones, vigilancia y operaciones de inteligencia. Sin embargo, esto también militariza el conflicto y aumenta el riesgo de daños colaterales, como ataques con drones e incursiones paramilitares, lo que aumenta el temor en las comunidades fronterizas (NPR, 2025).
A pesar de la mayor concienciación, el flujo de drogas sintéticas no ha disminuido. El fentanilo continúa entrando a EE. UU. a través de complejas redes de tráfico, y las muertes por sobredosis siguen aumentando (Washington Post, 2024).
VI. Reacciones y adaptaciones de los cárteles
Los cárteles están evolucionando. El Cártel de Sinaloa ahora está activo en centros turísticos como Cancún y Tulum, blanqueando ganancias a través de la industria hotelera (Insight Crime, 2025). El CJNG se está expandiendo hacia Centroamérica y los puntos de entrada de Estados Unidos, adaptándose a las medidas de seguridad y fragmentándose en facciones más pequeñas y difíciles de rastrear (CSIS, 2025).
Estos cambios intensifican la violencia. Las luchas internas por el poder y los desplazamientos forzados ahora son comunes, y comunidades enteras se ven desestabilizadas (Human Rights Watch, 2024).
VII. Apoyo de México a las iniciativas estadounidenses
La presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación, incluyendo la extradición de casi 30 líderes de cárteles (Reuters, 2025). Sin embargo, sigue oponiéndose a una intervención militar directa de Estados Unidos, enfatizando la soberanía mexicana: «Este es un problema mexicano con una responsabilidad compartida de Estados Unidos» (NPR, 2025).
La frustración estadounidense persiste, ya que las reformas sistémicas en México siguen siendo lentas y limitadas por la política interna (Brookings Institution, 2023).
VIII. Presuntos vínculos de AMLO y su paradero actual
AMLO sigue siendo una figura enigmática tras su presidencia. Si bien niega vínculos con cárteles, la evidencia sugiere que los narcotraficantes podrían haber contado con la indulgencia de su gobierno (ProPublica, 2024). Su enfoque de “abrazos, no balazos” es ampliamente criticado por permitir que el poder de los cárteles crezca sin control.
Los rumores sugieren que mantiene una influencia discreta, reuniéndose supuestamente con la presidenta Sheinbaum en lugares no revelados. Aunque no están confirmadas, estas sospechas persisten en la esfera pública y en los medios de comunicación.
IX. Posibles resultados de las estrategias actuales
1. Escalada del conflicto: Una mayor acción de EE. UU. podría fragmentar los cárteles, desatando disputas territoriales y aumentando las bajas civiles (CSIS, 2025).
2. Reforma y cooperación: Una estrategia bilateral unificada que combine la aplicación de la ley con la reforma social podría ayudar a desmantelar el poder de los cárteles (Brookings Institution, 2023).
3. Afianzamiento de los cárteles: La inacción podría conducir a la institucionalización del poder de los cárteles, convirtiéndolos en gobiernos en la sombra de facto.
X. Tendencias del narcotráfico e impacto económico
Los datos de la DEA no muestran una disminución en el flujo de fentanilo ni metanfetamina (DEA, 2025). Las incautaciones han aumentado, pero la producción se mantiene alta y los precios solo se han visto afectados marginalmente. Las drogas siguen siendo accesibles, especialmente en las zonas rurales de Estados Unidos (UNODC, 2023).
En ambos países, las familias están devastadas. Las salas de emergencia estadounidenses están desbordadas, mientras que las víctimas mexicanas a menudo son enterradas en fosas comunes o se llora en silencio (Human Rights Watch, 2024; Washington Post, 2024).
XI. El caso de los familiares de los cárteles que ingresan a EE. UU.
La discreta entrada de los familiares de Ovidio Guzmán López, en virtud de un acuerdo de inteligencia con EE. UU. (CBS News, 2025), ha generado críticas. Este aparente doble rasero —otorgar un paso seguro a las élites de los cárteles mientras la ciudadanía sufre— corre el riesgo de legitimar el poder de los cárteles y socavar la autoridad moral de las operaciones anti cartel.
XII. La reforma judicial en México y la erosión de la independencia judicial
En junio de 2025, México celebró sus primeras elecciones judiciales a nivel nacional, lo que permitió a la ciudadanía votar por aproximadamente 2600 cargos judiciales, incluyendo magistrados de la Suprema Corte. Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, se presentó como una iniciativa para democratizar el poder judicial y combatir la corrupción (Reuters, 2025).
Sin embargo, la reforma ha recibido fuertes críticas. La participación electoral fue notablemente baja, con sólo alrededor del 13% del electorado participando, lo que pone en duda la legitimidad del proceso (El País, 2025). Los críticos argumentan que la reforma socava la independencia judicial al politizar el poder judicial, ya que muchos candidatos fueron preseleccionados por el partido gobernante, Morena, lo que podría comprometer su imparcialidad (The Guardian, 2025).
Además, la reforma incluye disposiciones que limitan la capacidad de la Suprema Corte para impugnar enmiendas constitucionales, protegiendo así la reforma judicial del escrutinio legal (Bloomberg, 2024). La presidenta Sheinbaum ha afirmado que la Suprema Corte no puede detener la reforma judicial, enfatizando la postura del gobierno de limitar los controles judiciales sobre las acciones legislativas (Reuters, 2024).
Estos acontecimientos sugieren una erosión significativa de la separación de poderes en México, ya que la independencia del poder judicial se ve comprometida y su función como contrapeso a los poderes ejecutivo y legislativo se ve disminuida. Un análisis más profundo de las implicaciones de esta reforma judicial se presentará en un próximo informe.
XIII. Conclusión: Un mandato binacional
La guerra contra los cárteles mexicanos trasciende la lucha contra el crimen convencional; es una catástrofe humanitaria en espiral cuyas consecuencias repercuten en ambos lados de la frontera. En México, comunidades enteras viven bajo el yugo de los cárteles, donde las fosas comunes en Colima y otros lugares se alzan como sombríos testimonios de la violencia desenfrenada, y las fuerzas policiales municipales son cooptadas o aniquiladas. En Estados Unidos, las salas de urgencias están repletas de víctimas de sobredosis, ya que el fentanilo y la metanfetamina, canalizados a través de redes de tráfico en constante adaptación, cobran un precio diario a las familias en todos los estados. Estas tragedias paralelas tienen la misma raíz: un enfoque fragmentado y transaccional que trata los síntomas (redadas esporádicas, procesamientos que acaparan titulares) mientras que deja sin abordar los factores desencadenantes más profundos. Sin un marco cohesivo y a largo plazo que concilie la aplicación de la ley con la reforma social y la integridad judicial, el ciclo de violencia e impunidad solo se intensificará.
Cualquier estrategia binacional debe comenzar por reconocer que los cárteles se han convertido en actores cuasi estatales, con estructuras de liderazgo sofisticadas y carteras diversificadas que abarcan la producción de drogas, la extorsión, la minería ilegal y el lavado de dinero a través del turismo y el sector inmobiliario. La infiltración del Cártel de Sinaloa en las economías turísticas de Cancún y Tulum, la expansión del CJNG en Centroamérica y el dominio del Cártel del Noreste en los corredores fronterizos demuestran un nivel de adaptabilidad que supera las medidas represivas fragmentadas. Los esfuerzos para decapitar el liderazgo, como la extradición de casi treinta capos, son necesarios, pero insuficientes si la gobernanza local sigue comprometida. Las acusaciones de colusión gubernamental, desde irregularidades en el financiamiento de campañas bajo el gobierno de AMLO hasta corrupción en la policía municipal, subrayan que sin medidas anticorrupción rigurosas y protección para testigos y funcionarios con mentalidad reformista, cada capo recién arrestado simplemente cede espacio para el próximo lugarteniente ambicioso.
Además, si bien se presenta como democratizadora, la reciente reforma del poder judicial mexicano corre el riesgo de afianzar aún más la influencia partidista en los procesos judiciales y debilitar los controles sobre el poder ejecutivo. Un poder judicial en deuda con actores políticos no puede juzgar imparcialmente casos contra funcionarios de alto nivel ni desmantelar las intrincadas redes transfronterizas de los cárteles. Al mismo tiempo, la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte de Estados Unidos y su uso ampliado de sanciones y operaciones de inteligencia corren el riesgo de militarizar el conflicto en detrimento de la vida de los civiles; los ataques con drones cerca de Tamaulipas, por ejemplo, pueden fracturar las jerarquías de los cárteles, pero también pueden desencadenar brutales represalias contra las poblaciones locales. Es imperativo recalibrar la situación: las medidas de cumplimiento deben ir acompañadas estratégicamente de inversiones en programas sociales (educación, atención médica, policía comunitaria y oportunidades económicas) que aborden las condiciones que explotan los cárteles.
La rendición de cuentas debe extenderse más allá de los miembros de a pie de los cárteles, a las mismas instituciones que habilitan su poder. Los gobiernos federal y estatal de México no pueden postergar la reforma en favor de pactos de seguridad a corto plazo; deben priorizar la transparencia en el financiamiento de campañas, fortalecer las protecciones para periodistas de investigación y activistas cívicos, y construir un poder judicial capaz de resistir la interferencia política. Simultáneamente, Estados Unidos debe comprometerse con una sólida supervisión fronteriza y financiera, atacando las vías de lavado de dinero y cerrando las lagunas legales que permiten a los miembros de las familias de los cárteles explotar las excepciones de inteligencia. Otorgar asilo a los familiares de Ovidio Guzmán López puede haber proporcionado ganancias de inteligencia táctica, pero también envía un mensaje peligroso: que las élites de los cárteles pueden negociar la impunidad. Acabar con esta percepción de doble moral es crucial para preservar la autoridad moral y disuadir futuras colusiones.
De cara al futuro, México y Estados Unidos se encuentran en una encrucijada. Si ambas naciones persisten con tácticas estrictamente definidas y centradas en la aplicación de la ley, los cárteles continuarán fragmentándose, se volverán más elusivos y ejercerán un mayor control sobre las poblaciones vulnerables. Se intensificarán las disputas territoriales, desplazando a más familias y generando reclutas para las organizaciones criminales. Por otro lado, si México y Estados Unidos forjan una alianza integral y multinivel —que combine inteligencia y aplicación de la ley específicas con una reforma institucional profunda e inversión socioeconómica—, existe un camino estrecho pero alcanzable hacia la reducción de la violencia, el restablecimiento de la legitimidad del Estado y la reconstrucción de la resiliencia comunitaria. Esto requiere voluntad política de ambas partes: México debe tratar la corrupción y la independencia judicial como asuntos de seguridad nacional, no como meras prioridades políticas; Estados Unidos debe reconocer que la estabilidad a largo plazo depende tanto del desarrollo rural y la revitalización urbana como de las tácticas de interdicción.
En última instancia, el éxito no se medirá por los titulares que anuncien la captura de otro jefe de cártel, sino por la ausencia de fosas comunes, el cierre de los locales de venta de crack, la reapertura de las escuelas clausuradas y el regreso de un tránsito seguro para agricultores y personas que viajan diariamente al trabajo en regiones que antaño fueron devastadas por la guerra. Dependerá de dos naciones soberanas dispuestas a trascender las perspectivas cortoplacistas y abrazar un compromiso compartido y sostenido con la justicia, la dignidad y la paz duradera. Solo así podremos revertir el curso de un conflicto que, si no se controla, amenaza con devorar el tejido social mismo de Norteamérica.
Referencias
CBS News. (2025, May). 17 family members of Sinaloa Cartel leader entered U.S. under secret deal. Retrieved from https://www.cbsnews.com/news/sinaloa-cartel-leader-family-enters-us-deal-trump-administration-mexico/
Center for Strategic and International Studies. (2025). Cartel fragmentation and the militarization of Mexico’s drug war. Retrieved from https://www.csis.org
DEA. (2025). National drug threat assessment. U.S. Drug Enforcement Administration. Retrieved from https://www.dea.gov/documents
El País. (2025, June 2). Las primeras elecciones judiciales de México solo alcanzan un 13% de participación. Retrieved from https://elpais.com/mexico/2025-06-02/las-primeras-elecciones-judiciales-de-mexico-solo-alcanzan-un-13-de-participacion.html
Financial Times. (2025, May). Mass grave tied to Jalisco cartel found in western Mexico. Retrieved from https://www.ft.com
Human Rights Watch. (2024). Mexico: Displacement and fear in the shadow of cartels. Retrieved from https://www.hrw.org
Insight Crime. (2024–2025). Profiles of Mexican cartels: CJNG, Sinaloa, and Cartel del Noreste. Retrieved from https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news
Los Angeles Times. (2024, November). Mexico’s police death toll soars amid cartel targeting of local forces. Retrieved from https://www.latimes.com/world-nation
NPR. (2025, March). Mexico’s President Sheinbaum pushes back on U.S. troop involvement in anti-cartel operations. Retrieved from https://www.npr.org
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).